Aspectos Jurídicos

La desaparición de personas supone la violación múltiple y continuada de una serie de derechos humanos y la absoluta indefensión de la víctima. En todo caso, la persona desaparecida no es la única afectada, sino que también, se vulneran los derechos de sus familiares, personas cercanas, su comunidad y la sociedad en general. En determinadas circunstancias, la desaparición de personas puede constituir, además, un crimen de lesa humanidad.

El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados diversas obligaciones frente al fenómeno de la desaparición de personas. Especialmente relevantes para México son las establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En términos generales, los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ya sea que éstas hayan sido cometidas por agentes estatales, por particulares, o por éstos actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

De acuerdo con estándares internacionalmente establecidos, el deber de investigar incluye la determinación de la identidad de los perpetradores, las circunstancias de la desaparición y la suerte o el paradero de las víctimas. De esta manera, investigación y búsqueda son actividades necesariamente vinculadas. Dichos estándares son consistentes al considerar que las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y, en ese marco, hacen énfasis en los procesos de recuperación, identificación, entrega digna, inhumación y resguardo de los cuerpos de personas desaparecidas. 

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