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Las desapariciones forzadas son una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos; han ocurrido durante periodos de dictadura o de conflictos armados internos, pero en algunos países persisten hasta la actualidad a pesar del cese de dichos conflictos y de la existencia de sistemas democráticos. Fenómenos contemporáneos como la migración, el tráfico de personas y el crimen organizado en colusión con individuos o instancias del Estado evidencian nuevas dinámicas y perfiles de víctimas de desapariciones forzadas. La dificultad de los Estados para enfrentar la desaparición recae tanto en la falta de voluntad política y la debilidad institucional, como en la complejidad propia de esta práctica.

Obtener justicia y conocer la verdad han sido las demandas permanentes de las familias de los desaparecidos desde los inicios de la lucha contra las desapariciones forzadas, así como de las víctimas, además de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, academia y otros actores que les apoyan. Estas demandas reflejan dos obligaciones básicas de los Estados: 1. La obligación de esclarecer el crimen de desaparición forzada, es decir, identificar a los responsables en todos los eslabones de la cadena en conexión con los contextos políticos, institucionales, socioeconómicos que hicieron posibles las desapariciones forzadas; y 2. La obligación de buscar a las personas desaparecidas y establecer su suerte y paradero.

Sin embargo, Las falencias en el cumplimiento de esta obligación de búsqueda, incluso la ausencia de resultados positivos frente a las investigaciones penales ha llevado a las víctimas a buscar soluciones fuera del sistema ordinario y a impulsar la creación de instituciones especializadas para la búsqueda. Estas instituciones no se cuentan entre los mecanismos conocidos en la región como transicionales ni abarcan las comisiones de verdad. A pesar de esto, programas de reparación integral y tribunales coinciden en que, si bien no surgen en momentos de clara transición entre regímenes autoritarios y democracia o cierre de conflictos armados, sí pretenden resolver una deuda pendiente en materia de obligaciones con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Dichas instancias comprenden como parte de su mandato un número importante y acumulado de casos de larga data frente a los que no ha habido justicia.

Referencia

Estudio “Comisiones de búsqueda en América Latina. Una apuesta extraordinaria por la integralidad en la investigación de las desapariciones”

Verónica Hinestroza. LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Essex), MA en Políticas Alternativas de Desarrollo (ISS), BA en Gobierno y Relaciones Internacionales (Externado de Colombia).

Verónica se desempeña como Asesora Senior de la organización Fair Trials, es experta Asociada de Omega Research Foundation, hace parte del Roster de investigadores de Justice Rapid Response e integra el Consejo Asesor del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador. Formó parte del Comité Directivo que desarrolló los Principios sobre entrevistas para investigación y recopilación de información, conocidos como los Principios Méndez, y participó en el grupo de trabajo encargado de actualizar el Protocolo de Estambul: Manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En materia de desaparición, es la editora del libro del IBAHRI, “¿Dónde están? estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente”. Participó en la consulta de expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas en materia de Normas y Políticas Públicas para una Investigación Efectiva de las Desapariciones Forzadas, así como en dos consultas regionales del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas sobre la redacción del proceso de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Iris Jave. Investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEH-PUCP) y docente de la misma universidad. Es comunicadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha  realizado investigaciones sobre memoria, participación y políticas de reparaciones, como Políticas de reparaciones en el Perú, Fondo Editorial de la PUCP, 2021; Organizaciones de víctimas y políticas de justicia. Construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas desparecidas, IDEHPUCP, 2018; La Beca REPARED. Oportunidad y derecho en el Programa de Reparaciones en Educación, IDEHPUCP, 2017; entre otras publicaciones y artículos. El Santuario de la Memoria La Hoyada. Un proceso de diálogo y negociación, Departamento de Ciencias Sociales PUCP, 2017. Ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado, entre ellas el ministerio de la Mujer y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como en gobiernos locales y agencias de cooperación. Actualmente, coordina la Red Latinoamericana de Justicia Transicional.

Rainer Huhle. Doctor en Ciencias Políticas por la Friedrich-Alexander-Universität FAU. Ha impartido la cátedra de Justicia Transicional.

Rainer ha participado en educación política y de derechos humanos con la ciudad de Núremberg. Trabajó como experto en derechos humanos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su oficina de Colombia. Fue cofundador del Centro de Derechos Humanos de Núremberg (NMRZ e.V.), donde aún realiza labores de voluntariado. Desde 2011 hasta 2019 fue miembro del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el órgano de tratado de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Fue coautor de los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fue comisario de la exposición permanente sobre los Juicios de Núremberg en el Palacio de Núremberg.  En la actualidad es miembro de varios consejos consultivos sobre las mejores prácticas de búsqueda de personas desaparecidas.