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Resumen

La desaparición de personas ha sido una de las manifestaciones más ominosas de la violencia en el México actual, contando hasta la fecha (enero del 2022) más de 97,000 personas desaparecidas y 52,000 sin identificar en Servicios Médicos Forenses. A pesar de que protocolos internacionales y nacionales lo plantean, la perspectiva psicosocial no es incorporada por el personal que labora en las instituciones forenses y encargadas de la búsqueda. Este artículo da cuenta de los efectos que puede tener un trato inhumano a los familiares de personas desaparecidas. Para estudiar los impactos que la desaparición de personas puede tener, se realizó una investigación sobre la experiencia de acompañamiento psicosocial realizada a colectivos de familiares de personas desaparecidas en su visita a Papantla, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Tantoyuca, Tihuatlán y Coatzintla, municipios de Veracruz, en febrero de 2020.En este artículo, se discuten los impactos producidos por el trato del personal forense y la respuesta de las familias a éste. En las reflexiones finales, se trata el papel de los colectivos de búsqueda y el acompañamiento psicosocial como herramienta que fortalecen los procesos organizativos de las familias y la importancia de la perspectiva psicosocial en escenarios forenses.

Palabras clave: necropolítica, perspectiva psicosocial, subjetividad.

Abstract

One of the most ominous forms of violence in present Mexico is disappearance, existing more than 97,000 persons disappeared (January 2022) and 52,000 people with an unknown identity in Forensic Institutions. Psychosocial perspective is not taken in account by personnel in these institutions, despite international and national protocols mention it. This work shows the effects mistreat can produce to families searching their loved ones. In order to study subjective impacts of disappearance, research was done about psychosocial support experience with organized families visiting Papantla, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Tantoyuca, Thuatlán, Coatzintla, municipalities in Veracruz, in February 2020. Impacts of mistreat by public workers from the forensic institution are discussed, as well as response of families to this. Final reflections aim to the role or organized families and psychosocial support as a tool to strengthen organizational processes, as much as the importance of psychosocial perspective in forensic scenarios.

Keywords: necropolitics, psychosocial perspective, subjectivity

La violencia que vive México actualmente está enmarcada por la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el año 2006 por el expresidente Felipe Calderón. Este tipo de violencia no es sólo generada por el crimen organizado; obedece a una estrategia militarizada aplicada a diversos problemas y vulnerabilidades sociales. El concepto de necropolítica, acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, ayuda a comprender la instauración de esta gubernamentalidad, donde se busca establecer, a través de la violencia extrema, quiénes “son dignos” de vivir y quiénes “merecen morir”, con el objetivo de controlar territorial y poblacionalmente (1). Sin embargo, también se busca constituir un régimen de subjetividad que legitime estas acciones, donde la violencia genera impactos igual de devastadores que los físicos (2). Sayak Valencia ha denominado a esto la episteme de la violencia, donde no sólo se comprende el ejercicio fáctico, también cómo se relaciona con lo simbólico y mediático, lo cual lleva a constituir un imaginario social (3).

Esto ha llevado a que se legitime el actuar contra ciertos sectores de la población, quienes son empujados a situaciones de pobreza, exclusión y privación de sus derechos, lo que los vulnera y margina socialmente en aras de la explotación económica de los territorios, poblaciones, cuerpos y la muerte misma. En consecuencia, diversas muestras de violencia logran controlar a las personas dentro de un territorio utilizando dispositivos necropolíticos con gran destrucción física y subjetiva. Como menciona Achille Mbembe: “se trata de inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales. La inscripción de nuevas relaciones espaciales (‘territorialización’) consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves; el cuestionamiento de la propiedad; la clasificación de personas según diferentes categorías; la extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales” (1). Esto legitimará que ciertas personas sean clasificadas de muchas maneras –delincuentes, “malos”, criminales, entre otros– y que, por lo tanto, “tengan que morir” por un proyecto económico y político.

La desaparición de personas es uno de los dispositivos necropolíticos más ominosos que conjuga ambas dimensiones y es utilizado tanto por agentes estatales como particulares. Según cifras oficiales, hay más de 97,000 personas desaparecidas (4) –a pesar de que colectivos de familiares de personas desaparecidas y Organizaciones de la Sociedad Civil [OSC] comentan que el número puede ser mayor– y más de 52,000 personas sin identificar en servicios e instituciones forenses (5), lo que da un panorama general no sólo de la destrucción física, también del terror que se vive en México y las consecuencias emocionales y sociales que genera. Por lo tanto, es importante conocer los impactos psicosociales que la desaparición de personas tiene para comprender cómo las familias viven la ausencia de su ser querido y que así, en los escenarios forenses, se mire a la dignidad y al reconocimiento de las familias como seres humanos, fuera de clasificaciones emanadas de la gubernamentalidad necropolítica.

Esto es importante porque el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas [PHB] menciona la perspectiva psicosocial como una “aplicación transversal” (6). En los ejes Rectores Operativos, se plantea que los servidores públicos deben partir dePor lo tanto, es importante conocer los impactos psicosociales que la desaparición de personas tiene para comprender cómo las familias viven la ausencia de su ser querido y que así, en los escenarios forenses, se mire a la dignidad y al reconocimiento de las familias como seres humanos, fuera de clasificaciones emanadas de la gubernamentalidad necropolítica. Esto es importante porque el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas [PHB] menciona la perspectiva psicosocial como una “aplicación transversal” (6). En los ejes Rectores Operativos, se plantea que los servidores públicos deben partir de

” …una perspectiva psicosocial, comprendiendo el amplio rango de afectaciones individuales y grupales causadas por la desaparición en sus relaciones, formas de actuar y modos de comprender la realidad, reconociendo que sus formas de participación y organización colectiva, formales e informales, constituyen mecanismos de resiliencia y afrontamiento, entendiendo sus necesidades generales y específicas en cada momento del proceso de búsqueda, y evitando siempre que sean estigmatizados, criminalizados, patologizados, culpabilizados o revictimizados…” (6).

Específicamente sobre la entrega digna, se refiere al Anexo VII del Protocolo Homologado de Investigación de la entonces llamada Procuraduría General de la República [PGR] “Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáveres y restos humanos” (6,7).

Aún con todas estas referencias, llama la atención que el personal que labora en las instituciones encargadas de la cuestión forense frecuentemente lo omite de manera inmediata, ya sea por desconocimiento o por lo que Hanna Arendt llama “burocratización”, en donde se transforma “a los hombres [y mujeres] en funcionarios y simples ruedecillas de la maquinaria administrativa, y, en consecuencia, deshumanizarles” (8,9). Por lo anterior, en este artículo propongo hablar sobre los impactos psicosociales de la desaparición de personas con el propósito de que funcionarios públicos que laboran en instituciones forenses conozcan las consecuencias emocionales y sociales que puede tener esta forma de violencia. Después, hablaré sobre la experiencia en el Servicio Médico Forense [SEMEFO] de Tuxpan, Veracruz, el cual fue visitado por la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas el 13 de febrero de 2020, en donde se observaron deficiencias y debilidades en la labor del personal forense de esta institución, lo que pueden generar nuevos impactos psicosociales o retraumatizar a las familias.

Además, también se mencionan las fortalezas y necesidades de las familias para hacer frente a este trato inhumano. Esta experiencia se realizó dentro del marco de la tesis para obtener el grado de Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, que consistió en analizar los impactos subjetivos de una familia inserta en un contexto situado de violencia a través de una estrategia metodológica cualitativa, buscando aprehender procesos subjetivos tanto a nivel comunitario como a nivel familiar y sus prácticas sociales (10). Se utilizó, como menciona Michel Foucault, una caja de herramientas que respondiera a la mirada multi e interdisciplinaria necesaria en la perspectiva psicosocial (11), consistente en observación participante, entrevistas informales y una entrevista a profundidad.

Impactos psicosociales de la desaparición de personas

La desaparición de personas conlleva diversas reacciones emocionales y subjetivas específicas que no se pueden unificar en un diagnóstico o respuesta emocional universal. Entre éstas, la cronicidad del evento porque se desconoce el paradero de la persona desaparecida y hace que la vivencia sea percibida como un eterno presente (12,13). Esto permite que la desaparición de personas constantemente impacte a las familias que buscan a sus familiares porque el elemento inicial disruptivo es la sustracción de la persona, pero también cuentan las circunstancias en las cuales fue desaparecido, qué le habrán hecho, si estará vivo o muerto, el contexto social y comunitario que pueden negar u ocultar las desapariciones. Esto último es importante, puesto que ignorarlos, psicologiza el sufrimiento, es decir, sólo contempla variables o dimensiones psicológicas para explicar un fenómeno y lo aísla del contexto histórico y político (14). Un ejemplo de esto es cuando se pide a las familias que elaboren el duelo por la persona ausente, convirtiendo la desaparición de una persona en un evento privado y despojarlo de su carga política (15). Por lo tanto, una mirada multi e interdisciplinaria es necesaria para comprender todas las dimensiones involucradas en los impactos psicosociales.

De igual manera, las familias sienten culpa por la desaparición de su familiar. Esto echa mano de, al menos, dos factores, por un lado, la gubernamentalidad necropolítica responsabiliza de la violencia a las personas que la padecen (9) en frases como “por algo se lo llevaron”, entre otras. Por otro lado, algunas configuraciones imaginarias sociales de género, ya que la mayoría de las personas buscadoras son mujeres y se les culpa por ser “malas madres” (16).

Además, la respuesta social y comunitaria modula los impactos emocionales que conlleva la desaparición de personas: si hay aceptación y escucha por parte de otros, hay posibilidad de intercambio de lo emocional y salir del encierro, algo que usualmente se logra con los colectivos de búsqueda. Sin embargo, cuando hay rechazo, la estigmatización o trato indiferente e incluso violento hacia las familias produce efectos adversos (13,17).

Muchas personas que buscan a sus familiares han hablado de la indolencia que han recibido en instituciones gubernamentales y señalan un trato revictimizante (13,18). De por sí la búsqueda es dolorosa, pero la actitud de las autoridades puede intensificarlo. Frecuentemente este trato tiene el objetivo de disminuir las intenciones de las familias de seguir buscando, culpabilizarlas y desincentivar las denuncias correspondientes. Específicamente del tratamiento que varios profesionales de la psicología dan a las familias, mucho se centran en que se elabore el duelo y se acepte la pérdida. Frecuentemente, se les atiende en unas cuantas sesiones e, incluso, como pude escuchar en algún momento, les recriminan “no echarles ganas a sus procesos” sin tomar en cuenta las desigualdades y vulnerabilidades sociales que cruzan la violencia a la que fueron empujados. Además, utilizan marcos conceptuales que no operan en situaciones límite como es la desaparición de personas (15). Como expuse anteriormente, no se puede reducir a la elaboración de un duelo puesto que no hay certeza de la muerte, cronicidad y sin tomar en cuenta el contexto histórico, lo cual hace que se viva como una situación límite. Estas circunstancias se presentaron cuando las familias visitaron el SEMEFO en el marco de la Brigada de Búsqueda, cuestión que detallaré a continuación.

La banalización de la muerte: el SEMEFO del norte de Veracruz

La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas consta de diversos ejes de búsqueda. El eje de búsqueda en vida se dedica a buscar a personas desaparecidas en instituciones carcelarias, hospitales, centros de internamiento, entre otros. Se integra por familias que participan en la Brigada y acompañantes solidarios, que pueden ser estudiantes, investigadores o miembros de diversas OSC y profesiones tales como antropólogos, abogados, psicólogos y politólogos. El 13 de febrero de 2020 se visitó el SEMEFO de Tuxpan, Veracruz. Para ese día, se tenía previsto llegar a las instalaciones para revisar las fotografías de las personas no identificadas y así tener datos sobre posibles “positivos”, es decir, alguna información que lleve a la identificación y localización de una persona desaparecida. Lo que sucedió fue una serie de irregularidades y omisiones por funcionarios del SEMEFO que parecía que buscaban cansar a las familias y que así, dejaran de insistir, a la par de paralizar las acciones de la Brigada.

En primera instancia, no se pudo acceder a las instalaciones, puesto que el personal de la Dirección de Identificación Humana [DIH] adscrita al SEMEFO arguyó que no estaban dispuestos para recibir a tantas personas. Esto evidenció el tamaño reducido de las instalaciones, lo cual indica la falta de insumos e inmuebles para esta labor y la poca disposición del personal, ya que se había dado aviso de la visita con bastante antelación. Además, el personal decía que los archivos y fotos no estaban listos y necesitarían más tiempo para organizarlo, aunado a que las personas encargadas de hacer la exposición no habían llegado y había ausencia de profesionales de psicología o afines para recibir a la Brigada. Esto ocasionó que la cita se moviera a las instalaciones de la Fiscalía Regional de la Zona Norte de Veracruz. Ahí las condiciones no mejoraron, ya que se pretendía sentar a más de 40 personas en un cuarto de aproximadamente 5x5m y utilizar un monitor de computadora de aproximadamente 13 pulgadas para mostrar las fotografías. Aunado a esto, el personal del SEMEFO llegó tarde. De ahí, se propuso un nuevo lugar “más amplio” sin saber a dónde se movería la cita.

Horas después, el 39ª Batallón de Infantería de la 19ª Zona Militar era el nuevo escenario para llevar a cabo esta actividad. Sumado a que el inicio ya se había retrasado varias horas, el hecho de que las autoridades no reconocieran que varias de las desapariciones habían sido perpetradas por personal castrense indignó a las familias. Los criterios sobre las fichas y la información que debía incluir cada una no eran claros, la cantidad y calidad de éstas era heterogénea y no todas contaban con fotografía, entre otras irregularidades (figura 1).Figura 1. Contenido del material fotográfico del SEMEFO por municipio presentado

Las personas de la DIH se presentaron como expertos en arqueología forense y en criminalística. Comenzaron a presentar las fichas, limitándose a leer lo que venía en las diapositivas. Incluso, cuando no había datos sobre la persona en la diapositiva, el personal, literalmente, comenzaba a adivinar lo que veía en la imagen e incluso decir frases como: “En esa imagen podemos ver un hueso con un tatuaje.” No se necesita ser experto en cuestiones forenses para saber que un tatuaje no llega a los huesos, pero el personal de la DIH insistía en esto, a pesar de los reclamos de las familias. Además, a pregunta expresa sobre la falta de datos o información errónea, el personal respondía con frases como: “si el perito no lo menciona, es que no la tenía”, “el perito es el que lo hace, no yo.” Sumado a esto, la manera de presentar las fotografías era muy rápida, sin que se pudieran captar los detalles. Todo esto ponía en duda que realmente fueran personas con la formación necesaria, como según ellos mismos se presentaron.

La sensación de pesadez, angustia y desesperación inundó la sala. El propósito fue generar parálisis y hartazgo en las personas, lo cual entonces provocaría que dejaran de buscar. También puede ocurrir que el reclamo –tal como sucedió– se centre en el pésimo trabajo del personal del SEMEFO –lo cual era totalmente cierto– pero el reclamo que convoca a la Brigada: encontrar a las personas desaparecidas, se diluye. El personal de estas instituciones, entonces, se burocratiza. A esto, se añade que, en la noche, la Brigada fue desalojada del lugar y se escogió una escuela secundaria para seguir observando el material. Raya en el absurdo el hecho de que se haya escogido un inmueble escolar, con el alumnado intentando ver las imágenes y que las autoridades no previeran esto.

Este tipo de elementos hace que los impactos de la desaparición sean crónicos, ya que el dolor se inserta en el aparato burocrático y el desdén de parte del personal se añade como otra de las dimensiones con las que tienen que lidiar las familias. Esto conlleva a una retraumatización de las familias, puesto que, además de intensificar el dolor, pueden insertar nuevos elementos que van a complejizar más la vivencia traumática que puede generarse, como impotencia, rabia e incluso culpa y parálisis, lo que puede cesar la búsqueda (19,20). Esto último pudo escucharse cuando algunas familias comenzaron a pedir que se terminara la sesión por el cansancio generado.

El hecho de que sean las mismas personas que, en ese momento, representan a una institución del Estado, que se supone tiene que apoyar, esclarecer lo sucedido, genera cuestiones particulares. Esto implica que los mismos garantes sociales que sirven de modelos identificatorios y de apoyo en las personas, están pervertidos, tergiversados o tienen muchas carencias. Estas últimas en referencia a la poca sensibilización, la falta de conocimientos y la indolencia de los servidores públicos. Además, la ausencia de profesionales de la salud mental o perspectiva psicosocial por parte de las instituciones estatales –y también de profesionales en derecho, antropología física o forense, arqueología, puesto que el personal de la DIH, aunque se presentó como expertos, nunca explicó sus profesiones o funciones– muestran la poca o nula importancia que se la da a este aspecto, cuando es uno de los pilares fundamentales en procesos de exhumaciones, escenarios forenses y demás similares (18,19).

A pesar de este escenario, las familias pudieron responder al trato indigno recibido. De manera general, hicieron frente a los cuestionamientos que hacía el personal de la DIH.

Después del reclamo, lograron obtener información de la institución y concertaron otra reunión para observar nuevamente el material fotográfico. En esa ocasión, se haría en el lugar que las familias acordaran. Esto se logró exigiendo al personal de la DIH y representantes de la fiscalía estatal que respetaran las condiciones que la Brigada pusiera y se añadieron las recomendaciones que las personas que acompañamos hicimos las familias y a los mismos funcionarios públicos.

Esto muestra la importancia de las organizaciones de familiares como pieza fundamental en procesos forenses, donde se les debe tomar en cuenta como un pilar imprescindible en la identificación y búsqueda (13,18,19). Las personas acompañantes apoyábamos esto desde nuestra posición disciplinar, puesto que había profesionales de la psicología, antropología social y física, abogados, y arqueólogos. Hacíamos anotaciones sobre la información, formulando preguntas propias o que las familias hacían y que no eran escuchadas por no ser “expertas”. Asimismo, les escuchamos y apoyamos a contener las emociones que se iban generando, de manera que pudieran continuar con su labor de búsqueda. Todo esto se vio materializado dentro del informe de acciones de la Brigada en esta zona de Veracruz publicado el 17 de octubre de 2021 en el que participaron las familias y las personas que les acompañamos (21).

Reflexiones finales

Comprender la desaparición de personas como parte de una gubernamentalidad necropolítica implica reconocer la dimensión subjetiva que instaura y sus impactos psicosociales, siendo que no sólo el evento disruptivo los genera, también las circunstancias que lo rodean y la respuesta social y de los funcionarios públicos, que pueden retraumatizar o volver más crónicos los impactos. El escenario descrito del SEMEFO de Tuxpan, Veracruz, muestra la falta de sensibilización, capacitación y la ausencia de la perspectiva psicosocial por parte de los servidores públicos y que no es exclusivo de esta zona. Es menester reconocer los procesos colectivos, sociales y emocionales involucrados en la búsqueda para poder evitar este tipo de tratos que revictimizan a las familias y agudizan su sufrimiento.

También es importante, dentro de la perspectiva psicosocial, una mirada inter y multidisciplinaria que promueva el intercambio de saberes entre las personas que acompañan y las familias, teniendo claro los límites y alcances de la participación de cada profesión. De esta manera, se pueden tener elementos necesarios para poder hacer frente a la falta de sensibilización y de conocimientos de servidores públicos que deshumanizan a las familias. Esto implica, por lo tanto, cuestionar el afán emanado de lo imaginario social de clasificar a las personas -en este caso, a las familias– y que legitima que se les trate de manera indigna.

Glosario

Necropolítica: Según Achille Mbembe,en paralelo con el concepto de biopolítica –donde se busca controlar los cuerpos y la vida– en éste se busca controlar la muerte, es decir, cómo habrá gente que viva y otra que deberá morir. Esto significa que será un régimen que desplegará asesinatos en masa, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, entre otros, así como configurar sistemas sociales de representación como formas de dispositivos de control territorial y poblacional (1,3,9).

Persona solidaria: Personas que deciden acompañar los procesos organizativos de las familias, sin que tengan a algún familiar desaparecido ni con fines de lucro.

Psicosocial: Dimensión que articula lo social, lo grupal y lo singular, donde es reconocido lo imaginario social donde están insertos los grupos y los sujetos, siendo el espacio bisagra que aborda lo social y lo singular. Ximena Antillón dirá que, en el trabajo con afectados por la violencia, la perspectiva psicosocial hará referencia al momento de articular categorías clínicas, mayormente trabajadas desde el psicoanálisis, así como otras emanadas de miradas sociológicas, antropológicas, filosóficas y de derechos humanos, para comprender los impactos de la violencia y poder situar sus efectos en un contexto social específico y con reacciones subjetivas propias (18).

Subjetividad: Se refiere a la organización compleja que se produce a partir del vínculo con los otros, las instituciones y las significaciones imaginarias sociales. René Kaës dirá que comprende el conjunto de procesos que constituyen al sujeto en su dimensión psíquica ­–representaciones, afectos, deseos, identificaciones, relaciones de objeto– y su dimensión histórico-social –instituciones, significaciones, discursos, narrativas, saberes, normas, formas de ejercicio del poder, modos de subjetivación– por lo que no es exclusivamente individual (20).

Trauma: Moty Benyakar y Álvaro Lezica la definen como una vivencia desarticulada, es decir, un evento o entorno disruptivo no procesado psíquicamente y sin lograr articular afectos y representaciones, por lo que queda aislada de la trama vivencial del sujeto (2,12).

Referencias

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Crédito de imagen: Mtro. David Márquez Verduzco