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Resumen

En este artículo se mencionan las razones estructurales detrás de la falta de capacidad técnica de los servicios forenses, y el papel que juega en la crisis forense.  A partir de esto, se presenta la propuesta de reforma legal en materia forense, basada en la perspectiva de derechos humanos, respecto a la implementación en la investigación forense de los casos de personas desaparecidas y crímenes graves en México.

Palabras claves: crisis forense, reforma legal en materia forense, perspectiva de derechos humanos.

Abstract

This article mentions the structural reasons behind the lack of technical capacity of forensic services, and the role it plays in the forensic crisis. From this, the proposal for legal reform in forensic matters is presented, based on the human rights perspective, regarding the implementation in the forensic investigation of cases of missing persons and serious crimes in Mexico.

Key words: Forensic crisis, forensic reform, human rights perspective.

Tras el pronunciamiento sobre la emergencia y la crisis forense en México de Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, se ha puesto sobre la mesa una realidad innegable, sobre todo, urgente. De acuerdo con lo señalado, los servicios forenses en México se encuentran superados en sus capacidades: “debido al volumen de trabajo, por las condiciones materiales insuficientes para la realización del trabajo, y por la falta de capacidades técnicas de los propios forenses” (1).

Dicho pronunciamiento surge tras la problemática en la identificación de cuerpos que México no ha podido realizar, a pesar de la colaboración, esfuerzos e inversiones de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, realizado a través del Departamento de Estado y los fondos de apoyo internacional de USAID. El objetivo ha sido apoyar los esfuerzos de México, “para fortalecer las capacidades de sus instituciones policiales, mejorar los procesos judiciales y el estado de derecho, generar confianza pública en el sector de justicia, mejorar la seguridad fronteriza, promover un mayor respeto por los derechos humanos y prevenir el crimen y la violencia” (2). Incluso se sumaron para fortalecer laboratorios forenses, intentando impactar positivamente sobre las condiciones materiales insuficientes y reducir el volumen de trabajo.

En octubre 2020, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, asistió a la inauguración del Edificio de Servicios de Investigación Científica de la Fiscalía General del Estado, reconociendo los “11 laboratorios de diferentes disciplinas forenses que se encuentran acreditados internacionalmente, gracias al trabajo conjunto de la Iniciativa Mérida y las autoridades mexicanas” (3). Sin embargo, el problema persiste. Los casos no avanzan y los familiares comienzan a correr riesgos haciendo ellos mismos las propias investigaciones que competen al Ministerio Público y la búsqueda de sus familiares.

Entonces, ¿qué está fallando? y ¿cómo atender esta falla?

Reforma legal en materia forense con perspectiva de derechos humanos

La crisis en las ciencias forenses es un fenómeno global con múltiples causales que requiere soluciones holísticas y participación de muchos actores. De acuerdo con el reporte del National Research Council (EUA), “muy pocos métodos en las ciencias forenses a nivel internacional han desarrollado medidas adecuadas de precisión para minimizar las tasas de error en las interpretaciones hechas por los científicos forenses” (4). Además de la carencia de ciencia en las ciencias forenses, este reporte ha reconocido poca transparencia en los análisis y resultados de pruebas forenses, las tasas de error en la balística, dactiloscopia, odontología forense y otras técnicas de identificación que emplean la interpretación del examinador, siendo vulnerables a sesgos cognitivos y contextuales (5). A pesar lo anterior, hasta ahora es claro que tratar individualmente los “síntomas” que se observan como las nuevas certificaciones o material para los laboratorios o mejores tecnologías para la fijación fotográfica o videográfica de la escena del crimen son soluciones a corto plazo que no atienden la falta de capacidad técnica de los forenses. En realidad, no dan propuestas estructurales que mejoren la capacidad técnica y eliminen la impunidad (6).

Los servicios forenses no sólo están rebasados en sus capacidades para resguardar, ordenar, identificar y entregar a las personas fallecidas que ingresan a sus instalaciones. También lo están en la creación de registros confiables sobre las actividades que llevan a cabo, limitando el acceso a la información, valoración y seguimiento para la rendición en cuentas por las autoridades, familias, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas (7).

Lo anterior pone en tela de juicio: ¿Cómo se están realizando las mismas y cómo se reúne la evidencia para construir un caso y fundamentar una acusación? ¿Por qué las investigaciones no están rindiendo frutos? ¿Existe un problema con el personal a cargo? ¿Qué entendemos por falta de capacidad técnica en lo forense?

En la investigación criminal, se reúnen datos, se constatan hechos, se realizan las interpretaciones y se generan opiniones, en ese orden, tal como el método científico señala.  El error frecuente que la autora ha identificado en las investigaciones forenses es que los expertos forenses realizan interpretaciones y generan opiniones antes de reunir los datos o constatar los hechos. En una investigación de feminicidio donde la autora participó como perito de la defensa, el personal forense de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó interpretaciones sobre las lesiones de la víctima, sin incorporar perspectiva de género ni de derechos humanos. Al realizar el peritaje para la identificación de puños, señaló como responsable a la madre de la víctima, quien también vivía violencia feminicida. La Fiscalía omitió investigar los antecedentes de violencia de género sobre la pareja de la mujer acusada; construyó su teoría del caso y acusó a una víctima de tentativa de feminicidio y del propio crimen contra su hija (8). Los forenses en este caso no sólo expusieron la crisis y el mal seguimiento al método científico, también mostraron la práctica sistemática de no actuar con debida diligencia, faltando a la obligación de aplicar perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones. Esto se replicó en el actuar de los policías que hicieron la entrevista inicial con la madre de la víctima, a quién torturaron y acusaron por no declarar contra su pareja. El Estado Mexicano ignoró todas las recomendaciones internacionales que tiene por casos como “Campo Algodonero” y “Mariana Lima Buendía” que buscan garantizar el acceso a la verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación para las víctimas.

La falta de capacidad técnica en lo forense se define como la deficiencia o negligencia en el conjunto de conocimientos y habilidades para realizar investigaciones forenses, que no cumplen los objetivos de la identificación de las víctimas, la rendición de cuentas de los responsables y la sanción de estos. Al carecer de capacidad técnica, se comprometen los derechos de las víctimas y las personas imputadas, pues las investigaciones no están basadas en estándares científicos ni en derechos humanos.

Sin embargo, el problema también existe en cómo y quién realiza cada parte de la investigación. La falta de capacidad técnica en los forenses, radica en la ausencia de conocimientos en la materia, de técnica y metodología. Es un problema universal que se ha detectado tanto en casos en Estados Unidos, como en México y Latinoamérica.

En este caso narrado, el forense que realizó el peritaje sobre la identificación de puños tenía antecedentes criminales relacionados con su labor de perito para la Fiscalía de Durango. Ahí intentó sobornar a un imputado para que el peritaje no lo perjudicara y, aunque estos antecedentes fueron expuestos en juicio, el perito continúa trabajando para la Fiscalía de Coahuila (9). En el caso de Estados Unidos, incluso el reporte del National Research Council menciona la falta de observancia y rendición de cuentas en la práctica de las ciencias forenses, cerrando el laboratorio pericial de la policía de Detroit en el 2008 tras una auditoría que señaló una tasa de error del 10% en evidencia balística, que en su momento fue usada para fundamentar más de 100 acusaciones (10).

La Academia Nacional de Ciencias ha reconocido esta incapacidad técnica desde el 2009 y ha mencionado que, en general, las ciencias forenses carecen de rigurosidad científica y de confiabilidad en los resultados, como frecuentemente sucede en la comparación de patrones de manchas de sangre, marcas de herramientas o las marcas de neumáticos y calzado o, incluso, la dactiloscopía. Estos no siguen estándares científicos confiables y los forenses no suelen reconocer sus márgenes de error. Aun así, siguen admitiendo estas pruebas, a pesar de que la dactiloscopia, por ejemplo, tenga 28.1% de tasas de error de falsos positivos o la balística, cuya tasa es de 10%. Caso tras caso las pasan por certeras, cayendo en el “fraude forense” (11).

Lo anterior ha sido denunciado en investigaciones sobre condenas erróneas en Estados Unidos (Wrongful convictions), donde 52% de los casos de las personas que han sido exoneradas, estuvieron basadas en evidencia forense distinta al ADN (12).

Esto significa que 52% de las personas han sido condenadas erróneamente con evidencia forense carente de ciencia, técnica, metodología y antecedentes fraudulentos de los expertos forenses involucrados. Tras las apelaciones que las personas inocentes han iniciado en los tribunales, se ha reconocido su inocencia y desechado la evidencia forense en su contra.

Aunado a esta falta de precisión científica, hay otro problema en el ámbito forense, el sesgo racial. El reporte más reciente del Criminal Law Bulletin (13) lo señala como una cuestión fundamental en la investigación criminal. Al menos 55% de las personas exoneradas por estas condenas erróneas basadas en evidencia forense, pertenecían a comunidades afrodescendientes o latinas. Para ser exitosas, las investigaciones criminales deben contemplar el margen de error que las ciencias forenses tienen y los sesgos ideológicos que existen, expresados en la falta de capacidad técnica y en la metodología de la investigación por los sesgos basados en el racismo, machismo, discriminación y clasismo.

En México, hay un contexto de desapariciones, feminicidios, tráfico de personas, tránsito migratorio y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este sentido, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) (14), reveló información sobre la vulnerabilidad social y económica de las personas acusadas de delitos como robo y contra la salud, donde el 70% de las personas en prisión preventiva provienen de contextos económicos y sociales de marginación y pobreza, con trabajos precarios, educación básica y sin días de descanso, viviendo al día.

Entonces, ¿quién recolecta los datos, quién constata los hechos, quién emite las opiniones y quién realiza las interpretaciones? Los dictámenes periciales han figurado como parte esencial del aspecto científico en la investigación criminal. Sin embargo, para emitir una interpretación a partir de la evidencia forense, se requiere que la información recolectada sea confiable.

En la recolección de los datos, los agentes investigadores, policías, peritos en campo y primeros respondientes suelen recabar datos primarios sobre la noticia criminal y las posibles personas involucradas. En la práctica, nadie constata esta información. Además de reunir la información para la identificación de las víctimas y responsables se debe investigar sobre las condiciones y contexto en el que ocurrió, los antecedentes de violencia, el historial clínico y judicial de la víctima, entre otros aspectos. El problema recae en que el ministerio público es quien dirige, ordena y define los objetivos de la investigación a través de sus agentes ministeriales, policía científica o agentes de investigación criminal. Sin embargo, usualmente tienen formación en modelos policiales y derecho, pero no siguen métodos científicos ni de derechos humanos. En la experiencia docente de la autora, ha observado que este personal no comparte la información entre sí. Además, a los peritos no se le permite el acceso a la carpeta de investigación completa y no les dan autorización para solicitar, sugerir o investigar aquello que consideren necesarios para sus peritajes. Este diseño inadecuado de los roles en el sistema de justicia repercute de manera negativa en los intereses sociales de la justicia y la verdad.

De acuerdo con la experiencia de la autora, es frecuente que, durante las investigaciones criminales, se empleen reportes forenses como “filtros” que el ministerio público solicita para decidir si se trata de un crimen o no, y establecer si vale la pena continuar con la investigación.

Esto ocurre en casos de violencia sexual o casos de aparente suicidio, donde el ministerio público requiere al forense para que corrobore su hipótesis de “suicidio” o de “violación”. Los forenses, al carecer de capacidad técnica, metodológica y de perspectiva de derechos humanos, dictaminan sin contar con los antecedentes clínicos, históricos y contextuales de las víctimas, equivocándose en sus conclusiones, y ocasionando que el ministerio público no realice más actos de investigación.

Esto se contrapone al aspecto científico de cualquier investigación. También evidencia una clara falta de entendimiento en los investigadores y cómo funciona la violencia. Los operadores en el sistema de justicia presuponen que habrá hallazgos físicos de fenómenos complejos que no se limitan a la violencia física o psicológica y que no siempre deja secuelas clínicas. Por ejemplo, las desapariciones forzadas y la tortura son crímenes de lesa humanidad que no se limitan a un solo actor, por lo que hay que evidenciar las condiciones y actores que sostienen estas prácticas. Muy pocas investigaciones realizan victimología forense y análisis de contexto, que son indispensables para visibilizar los factores estructurales e históricos de la vulnerabilidad de las víctimas.

Por ello, hay casos donde erróneamente se concluye que un feminicidio fue suicidio, a pesar de todos los indicadores de violencia feminicida en el historial y el contexto de la víctima (15). También hay casos donde se piensa que la víctima se ausentó voluntariamente (16) cuando hay elementos que indican desaparición forzada, ignorando el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, corrupción de las instituciones y ausencia del Estado.

El apego a los derechos humanos en las investigaciones forenses resulta indispensable para obtener información confiable que comprendan las condiciones del crimen e integren análisis para dimensionar el fenómeno en un contexto amplio. Aunada a esta incapacidad de entender la violencia, también se suma la falta de conocimientos técnicos, metodológicos y de estándares científicos contenidos en los diversos protocolos de investigación existentes como el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, el Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La autora también ha observado una falta de actualización y carencia de estándares científicos y enfoque en derechos humanos en los programas de educativos (públicos o particulares), así como en la formación y capacitación de operadores en el sistema de justicia. Algunos de los planes de estudio en Ciencias Forenses se encuentran obsoletos y basados en modelos policiales con falta de formación científica. Esta deficiencia no sólo se observa en la oferta educativa en general, por el contenido de los programas, sino por los profesores que lo imparten, quienes continúan difundiendo información errónea que ya ha sido desacreditada por sus tasas de error y confiabilidad, en áreas como la poligrafía, la dactiloscopia, grafología, la balística y la identificación de voz, desconociendo lo postulado por la Academia Nacional de Ciencias desde el 2009, citada en las líneas anteriores.

Entonces, la poca capacidad técnica se relaciona con la ausencia de metodología en la investigación.  Protocolos como la guía de Planeación de la investigación y plan metodológico de las Naciones Unidas (17), especifican la necesidad del diseño de las investigaciones criminales, así como de incorporar enfoques indispensables para entender el crimen.

No sólo se realizan investigaciones deficientes por falta de ciencia y de capacidad técnica. Las investigaciones carecen de la implementación del enfoque interseccional, diferencial, territorial y del modelo ecológico para la explicación de la violencia, los cuales resultan necesarios para discutir y abordar las diversas vulnerabilidades que las víctimas enfrentan.

Ya sea por su condición de sexo género, de migrantes, de edad, como personas pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, como defensores de derechos humanos, periodistas o activistas, o con alguna condición de discapacidad, las investigaciones deben realizarse bajo la mirada integral y holística de un modelo ecológico, que visibilice finalmente todos aquellos sectores y actores involucrados, incluyendo las instituciones.

Entonces ¿Cómo empezamos a visibilizar y disminuir los sesgos en el método científico de los servicios forenses para mejorar la capacidad técnica?

Para comenzar una reforma legal en materia forense, la calidad de las investigaciones y la formación de los forenses deben mejorarse en las ciencias y derechos humanos. La calidad de las investigaciones forenses hasta ahora ha evidenciado la falta de perspectiva de derechos humanos, necesaria para explicar las condiciones sistémicas y estructurales de la violencia, que impactan en las dimensiones de los crímenes y la cantidad de víctimas en México (18). Estas averiguaciones requieren la participación e inclusión de las víctimas y sociedad civil, la aplicación de protocolos y estándares científicos internacionales en materia forense para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El papel del experto forense también debe replantearse. Se le considera auxiliar, pero es un científico y su participación debe llevarse con autonomía (19). La ciencia no debe estar supeditada a los intereses de las instituciones. Los científicos forenses deben investigar con exhaustividad y debida diligencia, en el marco de los derechos de las partes involucradas, a saber, el acceso a la justicia, a la verdad, las garantías de no repetición, la sanción para los responsables, la reparación integral del daño y la presunción de inocencia.

En este contexto, es necesario formar forenses que apliquen la perspectiva de derechos humanos en la investigación y realicen estados del arte sobre las ciencias forenses de manera efectiva para que puedan realizar interpretaciones y emitir opiniones adecuadas sobre la correlación entre los hallazgos forenses y la explicación del crimen. Estos conocimientos forenses aplicados en asuntos judiciales deben ser revisados por pares que comprendan el método científico y que observen, señalen y sancionen la práctica forense fraudulenta.

Esta figura del experto con vastos conocimientos de ciencias forenses y sobre la violencia es conocido como “Forense Generalista” (20). Esto no significa que es experto en todas las áreas; lo es en la interpretación de la evidencia. Los científicos forenses que entiendan la dinámica del crimen, evidencia y fenómeno son quienes deberían realizar las opiniones e interpretaciones sobre el mismo. Sin embargo, en la práctica, ya sea el ministerio público, o forenses sobre especializados (sin visión integral del problema o formación científica en las otras ciencias forenses) son quienes interpretan y deciden qué sucedió. El problema con la sobre especialización “es que los peritos no pueden realizar reconstrucción del crimen, ya que están fragmentando en pequeños elementos y no explicando la interrelación que toda la evidencia forense tiene en un caso” (21).

La reforma legal en materia forense implica más que la capacidad técnica de los servicios forenses. Para atender las razones estructurales detrás de la crisis forense, la perspectiva de derechos humanos debe aplicarse sobre el fortalecimiento de las defensorías de oficio para dotar de recursos y personal que atienda los casos con esta mirada que apunte hacia la reparación integral del daño para las víctimas.

Esta reparación integral implicaría también el reconocimiento de las responsabilidades institucionales y del Estado cuando existen equivocaciones, omisiones o negligencia en la investigación de los casos, así como las fallas estructurales del sistema. Esto incluye el reconocimiento del “fraude forense” sobre la práctica deficiente o estafas sobre la evidencia forense con las sanciones administrativas o penales que impliquen.

Lo anterior fundamentado en las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha planteado como medidas para la prevención de crímenes graves como la tortura. Por ejemplo, para evitar la repetición de los crímenes, se deben realizar investigaciones que documenten, propicien la denuncia de otras víctimas, lleguen al enjuiciamiento y castigo para las personas responsables, y envíen un mensaje de no tolerancia hacia estos delitos.

En las propias investigaciones, no debe obviarse lo indispensable de la participación de la sociedad civil, los familiares de las víctimas y la rendición de cuentas de las instituciones involucradas. Resulta necesario porque fungen como mecanismos de control y medidas anticorrupción (22). Esta reforma legal en materia forense conllevará necesariamente la revisión de los programas educativos y de formación para personal que ejerce como operador en el sistema de justicia.

Para combatir la corrupción, investigaciones sesgadas y fraude forense, se requiere participación y monitoreo de la comunidad científica para rendición de cuentas y sobre los estándares internacionales de la práctica forense; mecanismos de control, seguimiento y auditorías.

Finalmente, para hacer frente a la violencia que ocasiona la crisis forense en el sistema de justicia, se necesitan ajustes y propuestas de políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, de asistencia social, de economía y seguridad pública. Lo anterior implica que el Estado mexicano debe apegarse a los posicionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la militarización de la seguridad pública y los problemas de violaciones a los derechos humanos que esto acarrea.

Mejorar las prácticas forenses desde la raíz metodológica podrá acercarnos hacia cambios visibles que combatan la crisis forense a la que nos hemos enfrentado hasta ahora.

Glosario

Fraude Forense: El fraude forense se refiere a cuando los examinadores forenses emiten testimonios, opiniones o documentos bajo juramento, que contienen información engañosa o falsa, deliberadamente ofrecidos para asegurar un resultado injusto o ilegal.

Generalista Forense: figura del experto con vastos conocimientos de ciencias forenses y sobre la violencia, no como expertos en todas las áreas, si no como expertos en la interpretación de la evidencia

Perspectiva de Derechos Humanos: programa de acción que apunta a transformar las prácticas institucionales del Estado para que se ajusten a su fin esencial de garantizar la realización de los Derechos Humanos.

Referencias

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