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Resumen

Desde la instauración del sistema de justicia penal, a raíz de la reforma de 2008, los operadores de éste se han visto enfrentados a un reto importante: tratar de conjugar el ámbito jurídico y el científico para cumplir con los objetivos del proceso penal. La idea de que el sistema jurídico es capaz de resolver problemáticas sensibles para la población, basando sus resoluciones en procesos analíticos, científicos que se apeguen a la normatividad existente, parece comenzar a permear a los diferentes actores que intervienen en él; especialmente en las víctimas -directas o indirectas- que participan de forma cada vez más activa del proceso judicial.  En su caso particular, los órganos de administración de justicia se enfrentan al reto de entender el lenguaje científico y técnico, con la intención de allegarse de información confiable para la valoración de las pruebas y, por lo tanto, que les sea útil para la elaboración de los razonamientos jurídicos que quedan plasmados en las sentencias.

Palabras clave: sistema penal, conocimiento científico, convencimiento judicial, prueba pericial, persona experta.

Abstract

Since the establishment of the criminal justice system, as a result of the 2008 reform, its operators have been faced with an important challenge: trying to combine the legal and scientific fields to attaint the objectives of the criminal process. The idea that the legal system is capable of solving sensitive problems for the population, basing its resolutions on analytical and scientific processes, seems to begin to permeate the different actors that intervene in it; especially in the victims who participate more and more actively in the judicial process. In their particular case, the judges face the challenge of understanding the scientific and technical language, with the intention of obtaining reliable information for the evaluation of the evidence and, therefore, that it is useful for the preparation of the legal reasoning that is reflected in the judgments.

Keywords: penal system, scientific knowledge, judicial conviction, expert evidence, expert person.

El sistema de justicia penal mexicano y la prueba pericial

La reforma constitucional mexicana, en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de junio de 2008, establece las bases para transformar el sistema de justicia penal mexicano, de corte acusatorio y oral. La reforma centra la función del sistema penal en cuatro objetivos, tres de los cuales son derechos de las víctimas, estos objetivos son: el esclarecimiento de los hechos (derecho a la verdad); que el culpable no quede impune (derecho de acceso a la justicia); proteger al inocente (presunción de inocencia); y reparar los daños causados (reparación integral).

Estos cambios imponen retos significativos al papel del juzgador dentro del proceso judicial, especialmente al determinar la información que ingresa a la causa a través de las pruebas. Por esta razón, el juez, dentro del sistema de justicia penal, debe contar con los conocimientos y aptitudes necesarios para la valoración de la prueba pericial (científica y técnica), que le permitan establecer su relevancia, admisibilidad y confiabilidad dentro del proceso judicial.

De esta forma, bajo está nueva dinámica la prueba tiene “la labor de determinar en forma efectiva qué fue lo que realmente sucedió entre las partes” (1), pues aun cuando objetivamente no es posible obtener la verdad de los hechos, ésta si es una idea que debe permear el funcionamiento de todo el sistema judicial.

Así, el juez de control debe cerciorarse de que solo lleguen a juicio aquellas pruebas que cumplan con las exigencias de legalidad, pertinencia, utilidad y licitud para que de ella se derive conocimiento cierto o probable sobre un hecho de interés procesal. En este sentido, la legalidad hace referencia a que la prueba cumpla con el principio de legalidad, apegándose a las exigencias legales de tiempo y forma. En cuanto a la pertinencia, esta se entiende como una directiva del juzgador, para que al admitir o desechar los medios de prueba ofrecidos, se cerciore que tengan relación con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto (2). La utilidad o idoneidad hace referencia a la concordancia entre la prueba que se pretende ofrecer y los hechos que se esperan demostrar con ella. Finalmente, la licitud implica que la prueba en su origen u obtención no haya implicado actos que resulten en la vulneración a derechos fundamentales.


Figura 1. Tránsito de un medio de convicción dentro del proceso penal (creado por la autora)

De acuerdo con Daniela Accatino, la valoración de la prueba presenta dos momentos: “El primer momento que podemos llamar el de la valoración en sentido estricto, se refiere a la determinación del apoyo empírico que los elementos de la prueba aportados proporcionan a las hipótesis sobre los hechos del caso que se enfrentan en el proceso.” (3, p. 485)

Así, las inferencias derivadas de las aportaciones de las pruebas no permiten dar certeza sobre lo sucedido, en otras palabras, no nos proporcionan la verdad de los hechos, pero si permiten explicaciones plausibles sobre los hechos motivos de controversia y análisis judicial.

Entonces: “Dado que por la forma inductiva del razonamiento probatorio, estas pruebas no pueden demostrar la verdad de las proposiciones fácticas que han sido objeto del proceso, sino que sólo las corroboran en mayor o menor medida, el juicio sobre los hechos supone un segundo momento, que podemos llamar de decisión sobre la prueba, en el que se trata de determinar si esas pruebas o, dicho de otra manera, el grado de corroboración que ellas aportan a las proposiciones fácticas en cuestión, es suficiente para tenerlas por probadas.” (3, p. 486)

Así, la confiabilidad de la prueba no se emplea para determinar la veracidad de los hechos y sustituir la función del juzgador, sino establecer un mínimo de exigencia sobre la prueba, que permita corroborar el resultado del análisis realizado por el experto, para que, con esa certidumbre, el juzgador pueda realizar su razonamiento en función de la pertinencia, validez y confiabilidad de estas.

Ciencia forense y Derecho: retos

En este sistema caracterizado por la oralidad y su carácter adversarial, la prueba pericial (científica y técnica) obliga al juzgador a aproximarse a diversos campos de conocimiento que le permitirán elaborar los razonamientos lógicos y jurídicos, dentro de su función jurisdiccional, para valorar de la forma más objetiva los elementos probatorios presentados ante él, con la intención de dar certidumbre a sus resoluciones y aproximarse a la verdad que se narra de los hechos descritos durante el proceso.

En este punto es importante resaltar que la prueba pericial y el conocimiento técnico o científico que conlleva no debe ser tomada como un dogma, a través del cual se busque sustituir la labor del juzgador pues, aunque esta proporciona datos de mayor fiabilidad que lo acercan a la verdad sobre cómo pudieron haber sucedido los hechos materia de la controversia, no proporcionan ese juicio per se. Esto pone de relevancia la labor de los jueces, al momento de concatenar el conjunto de inferencias derivadas de los datos proporcionados por las pruebas periciales, en un conjunto de razonamientos que expliquen la hipótesis de mayor probabilidad en el asunto sujeto de análisis.

Para Carmen Vázquez es “importante distinguir entre un productor de conocimiento, como el químico o el físico, y un consumidor sofisticado de conocimiento, cómo en este caso debería de ser el juzgador.” (4, p. 67). Por lo tanto, el concepto científico no debe entenderse en un sentido estricto como aquel conocimiento que solo se obtiene del método científico, sino que debe significar para el juzgador el conjunto de conocimientos sistematizados obtenidos a través de un método, que ha sido sujeto de un escrutinio por parte de la comunidad científica y que le permite aproximarse, desde un campo de conocimiento al objeto estudiado durante el proceso, que en el caso del derecho penal, está constituido por el hecho delictivo.

Este punto es tal vez uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sistema judicial: la creación de puentes de comunicación entre el conocimiento científico y el derecho, los cuales permitan una transmisión efectiva de la información obtenida por las personas expertas en las diversas disciplinas forenses, para ser usada en la toma de decisiones judiciales. Es importante señalar que, no se busca que los órganos jurisdiccionales se transformen en catalizadores del conocimiento científico, tampoco que los jueces se conviertan en  personas expertas en cada una de las pruebas periciales que se les presenta; pero si se espera, para el adecuado funcionamiento del proceso judicial, que el campo de análisis del juzgador(a) se amplié lo suficiente como para conocer la forma, en que cada ciencia o técnica forense, es capaz de aportar conocimiento que lo acerque a explicaciones plausibles que se encuentren más allá de toda duda.

Aunado a lo anterior, las personas expertas que intervienen en el proceso penal deberán exponer ese conjunto de conocimientos sistematizados que los llevaron a emitir tal o cual resultado, bajo el escrutinio de las partes, a través del principio de contradicción que prevalece en el juicio. Esto significa que, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, al momento de exponer los resultados de su análisis obtenido a través de un método -ya sea de una ciencia o técnica-, la persona experta tiene que ser capaz de comunicar de forma eficiente y asertiva aquello que desea sea de conocimiento del órgano jurisdiccional. Este escrutinio de la prueba pericial es esencial para abonar a su confiabilidad, lo que ayuda a elevar el estándar probatorio en los procesos penales.

Comentarios finales

El cambio del sistema procesal penal ha impulsado el trabajo interdisciplinario dentro del ámbito judicial, esto representa un avance en el cumplimiento de los objetivos del proceso, pero también se constituye como uno de los principales retos, pues implica la construcción de conocimiento complejo, en el que los jueces dejan de ser meros espectadores para convertirse en consumidores sofisticados del conocimiento científico y técnico que la prueba pericial produce. Así, la prueba científica es el punto de unión entre derecho y las ciencias forenses, pues tiene como finalidad que tanto el conocimiento científico como su aplicación técnica se orienten al esclarecimiento de la verdad y contribuya a la formulación de los argumentos jurídicos plausibles para explicarla.

Glosario

Dato de prueba: es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

Medio de prueba: son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.

Prueba: es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Prueba pericial: es aquel conocimiento cierto o probable que permite el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso y para el cual es necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.

Principio de contradicción: es aquel principio que rige el proceso penal a través del cual las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo aquellas situaciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Referencias

  1. Contreras Rojas C, La valoración de la prueba de interrogatorio, Marcial Pons, Madrid, 2015.
  2. Tesis[A]: 1º IV/2020. (10a.), Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo VI, agosto de 2020, p. 6144, Reg. digital 2021991. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021991
  3. Accatino D, Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (37), 485-511, 2011. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512011000200012
  4. Vázquez Rojas C, Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial. El Sevier, Anuario de Psicología Jurídica. 24, 65-73, 2014. Disponible en: file:/niela//Users/Anis/Downloads/1-s2.0-S1133074014000191-main.pdf
  5. Anderson T, et. al, Análisis de la Prueba, Marcial Pons, Madrid, 2015.
  6. Guía de Especialidades Periciales Federales, Procuraduría General de la República, ISBN: 978-607-7502-49-4, 2015.
  7. Diario Oficial de la Federación. Código Nacional de Procedimientos Penales. (2014). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
  8. Diario Oficial de la Federación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

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